CON APOYO DE LA IGLESIA, VECINOS DE SAN JERÓNIMO NORTE MARCHAN A FAVOR DEL MÉDICO ACUSADO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES

Previa autorización de la defensa, y el consentimiento de la familia del Dr Marchissio, un grupo de vecinos junto al Sacerdote Jorge Montini, se reunieron para llevar adelante una movilización para pedirle a la Justicia la Prisión domiciliaria del Dr Miguel Ángel Marchisio, debido a su delicado estado de salud.

REGIONALES 27/08/2020

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Este miércoles se conoció previa autorización de la defensa, y con el consentimiento de la familia del Dr. Miguel Marchissio, un grupo de vecinos de la ciudad de San Jerónimo Norte, junto al Cura Párroco Jorge Montini, se reunieron para llevar adelante una movilización para pedirle a la Justicia la Prisión domiciliaria del Dr Miguel Ángel Marchisio, debido a su delicado estado de salud. 

“Este viernes 28 de agosto, a partir de las 12 horas, se realizará una marcha de autos, motos y bicicletas en apoyo que saldrá desde la parroquia y se trasladará hasta la municipalidad para entregarle al intendente un petitorio para ser entregado a la justicia”, aclararon. 

Desde la organización recomendaron asistir con Barbijo y mantener el distanciamiento social.

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“Mi esposo, Miguel Angel Marchisio, se encuentra injustamente en prisión desde hace dos meses, por una acusación falsa. No obstante presentar serios problemas de salud, sigue detenido, teniendo la familia que soportar con mucho dolor está injusticia. Gracias por acompañarnos”, manifestó la esposa del médico Lelia de Marchisio. 

En julio habían rechazado un pedido de libertad  
El Litoral daba cuenta en su edición del jueves 23 de julio, que la Justicia había rechazado un pedido para que el médico de San Jerónimo Norte, Miguel Ángel Marchisio, recupere la libertad. Fue en una audiencia de revisión de la prisión preventiva solicitada por sus nuevos abogados defensores, en la misma semana en que se realizaron las cámaras Gesell a las víctimas.

El médico de 52 años fue detenido el viernes 26 de junio en una vivienda de calle Santa Fe al 700 de la mencionada localidad del departamento Las Colonias. Ese día, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con el fiscal de Esperanza, Alejandro Benítez, allanaron el domicilio particular del matriculado y el Centro de Atención Municipal (CAM) donde éste prestaba servicios -en calle Mendoza al 1100-, donde secuestraron historias clínicas y otra documentación de interés para la causa.

Marchisio fue imputado el domingo 28 de junio ante el juez Jorge Patrizi, donde el fiscal Benítez le atribuyó la autoría de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”, por dos hechos ocurridos en 2019 en oportunidad de la consulta médica. 

Nueva defensa
El 1° de julio tuvo tratamiento la prisión preventiva, donde el galeno contó con la representación técnica de los abogados Martín Durando y Hugo Parma, quienes renunciaron a la representación unos días después. Allí, el juez Leandro Lazzarini impuso la medida restrictiva de la libertad para el acusado y rechazó las alternativas propuestas por sus abogados.

La nueva defensa -a cargo de los Dres. Gervasoni y Ochoa y Gómez-, solicitó audiencia por el artículo 225 del Código Procesal Penal, referido a la revisión de la prisión preventiva. Las partes fueron citadas para este jueves en los tribunales locales, donde el juez Pablo Busaniche rechazó los nuevos planteos defensivos, por lo que el médico continuará el proceso tras las rejas.

La investigación comenzó en marzo de este año, luego de que familiares de las adolescentes radicaran las denuncias. Las menores relataron que los abusos se dieron cuando estaban a solas con el médico. Ambas coincidieron en que si bien sentían que no se podían mover, sí fueron conscientes de los tocamientos y en el caso de una de ellas, de cómo el doctor le habló al oído. En ese sentido, el juez Lazzarini dijo a comienzos de mes que las jóvenes presentan un “relato sostenido, espontáneo, veraz” y “no hay circunstancias que permitan ver que quieran perjudicar al médico de alguna manera”, ni ellas ni sus familias, que de hecho fueron “reticentes a la hora de dar intervención a la justicia penal”.

FUENTE: EL LITORAL



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