GOBIERNO DE SAN CARLOS DENUNCIA UNA TOMA ILEGAL DE LA CIUDAD

COMUNICADO GOBIERNO DE SAN CARLOS: OTRA VEZ LA CIUDAD INVADIDA POR PERSONAS AJENAS A NUESTRA COMUNIDAD

En el día de hoy, a la madrugada, personas organizadas en distintos grupos tomaron puntos estratégicos de la ciudad, con rotura cámaras del sistema de monitoreo y se instalaron con distintos elementos para impedir el ingreso a la Sede de la Administración Municipal, Corralón Municipal, Jardín Botánico, Centro de Monitoreo y demás dependencias, violentando portones con la colocación de planchuelas y la presencia de gran cantidad de personas ajenas a esta comunidad, que acompañados por un minúsculo grupo local, amenazaron y amedrentaron a los trabajadores que intentaban ingresar a cumplir con sus tareas.

No hubo notificación ni aviso de medida de fuerza alguna, por lo que todo lo que se desarrolla en este momento tiene una sola calificación: es una TOMA ILEGAL DE LA CIUDAD, impidiendo el ejercicio de los derechos individuales de los sancarlinos, entre ellos el de TRABAJAR. Quienes se identifican como miembros o adherentes o simpatizantes de SITRAM San Carlos y FESTRAM deberán aclarar sus responsabilidades.

Como comunidad organizada reclamamos por la seguridad y el respeto de los derechos de TODOS y exigimos que quienes tienen la obligación de velar por la seguridad comunitaria la cumplan, porque hoy se ha puesto en riesgo a las personas y a los bienes públicos.

Con mentiras, agravios e insultos, que por supuesto no vamos a contestar, sumado a la intolerancia político partidaria de un grupo que no sobrepasa las 15 personas, que al no tener apoyo en el resto de los 110 trabajadores municipales, recurren a acercar extraños a la ciudad, que merodean nuestras calles, nuestras viviendas, nos colocan en un latente estado de inseguridad.

Esta Administración Municipal respeta todos y cada uno de los derechos de los trabajadores municipales y también cumple con su deber de hacer respetar las obligaciones de los mismos, ambos, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 9286 y no por este Intendente.

A modo de ejemplo, en reunión mantenida el 28 de Enero pasado, entre el Intendente y los representantes de FESTRAM y SITRAM, se acordó con la firma de Andrés Martinez (SITRAM) Y Horacio Chiappero (FESTRAM), que respecto a los trabajadores que no asistieron a cumplir con sus trabajos, sin justificación alguna, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020, se debía continuar con el procedimiento administrativo iniciado por la Municipalidad. Ello determinó, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9286, la cesantía de dos agentes municipales. Además, y previo sumario administrativo, se procedió a la cesantía de una agente municipal, por irregularidades en los datos volcados en las actas de infracción.

Si algún agente municipal siente que se ha vulnerado algún derecho, debe recurrir a la Justicia, como ya lo han hecho estos tres ex-agentes municipales. Por lo tanto, será la Justicia la que debe expedirse, no la fuerza de la sin razón.

En el día de ayer Lunes, por ejemplo, se finalizó con la liquidación de los haberes de los trabajadores municipales. Hoy debía realizarse el depósito de los fondos en las cuentas personales de cada uno de ellos. La fuerza de la sin razón impide que ello se haga.

Esta Administración Municipal no está atada a ningún Partido político provincial ni nacional. Este Intendente prioriza y seguirá priorizando el interés y la defensa de la comunidad toda por encima de cualquier otro individual o de pretendido colectivo y así espera se comparta por el Gobierno Provincial, sus funcionarios y la Justicia, precisamente por la responsabilidad superior que les cabe en la preservación de la salud y seguridad de las personas.

SAN CARLOS CENTRO: Un pueblo a merced de la ineptitud de su intendente.

La sociedad sancarlina, conoce ya del conflicto que hace más de un año y medio se viene desarrollando entre los empleados municipales y su intendente.

Sabe, también que desde el SITRAM, se ha hecho siempre lo imposible para que este conflicto no repercuta en el tejido social, llevando adelante un plan de lucha en el cual, a pesar del interés que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal en agravar cada vez más la escena, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que las medidas dispuestas, no se entrometan en el normal desarrollo de la actividad cotidiana de los ciudadanos.

Pero la ineptitud del muchacho que está al frente del municipio, o el odio que escupe su padre a los cuatro vientos (aunque está bastante calladito desde que agredió al menor), o la repulsión hacia los empleados (y a la sociedad en general) que manifiesta a diario su madrastra, nos empuja y nos obliga a molestar a los ciudadanos para que la comunidad en general entienda que este tipo de actitudes, ya no se pueden tolerar.

- Nos liquidan mal los salarios, lo que hace que falten unos $3000 en nuestro bolsillo (MENSUALMENTE, HACE MAS DE 2 AÑOS).

- Nos descuentan días por accidentes laborales.

- Nos descuentan días a quienes debemos aislarnos por COVID.

- Nos quitan días de licencia o los otorgan como quieren y cuando quieren y no a través de un cronograma como lo establece la ley.

- Nos descuentan días por licencia médica.

- Nos inician sumarios y nos imponen un sinnúmero de apercibimientos y suspensiones, con causas tan “traídas de los pelos” que son el hazmerreír de cualquier administrador de justicia que tenga un mínimo de criterio.

- Nos vigilan permanentemente a través del Centro de Monitoreo como si la ciudad fuese un campo de concentración. Cientos de miles de dólares invertidos en tecnología, utilizada solamente para satisfacer la delirante necesidad de control sobre los empleados porque, a la vista está, este sistema nunca está disponible cuando la sociedad lo necesita por algún problema de seguridad.

- Para el intendente, los empleados municipales que reclamamos respeto por la ley y las instituciones, somos vagos, atorrantes, no nos gusta trabajar… pero quién hace, efectivamente, que la plaza luzca como luce, que los frentes de las reparticiones municipales estén pintados y prolijos, obras de asfalto, zanjeo, mantenimiento de caminos, poda de arbolado, etc, etc, etc? Alguien vió alguna vez al intendente, o a su padre o a su madrastra con una pala en la mano, manejando alguna máquina vial, plantando o podando árboles, o juntando basura? Para responder a la inquietud del intendente… si fuéramos tan vagos y atorrantes, la ciudad no estaría como está.

- No existen los nombramientos por cargo como lo establece la ley. Es decir, nadie revista por ejemplo como chofer. Entonces, cualquiera de los choferes que se quiera manifestar no lo puede hacer, ya que eso lo llevaría a perder el cargo y el plus extra de dinero que este cargo representa en el salario. De existir los nombramientos exigidos en la ley, mover el personal de esta manera, sería imposible.

- Las horas extras se pagan muy por debajo del porcentaje establecido por ley, atacando sistemáticamente el bolsillo del empleado.

- No les interesa en lo más mínimo la salud de sus empleados. Y no podemos decir que no se respetan los protocolos de trabajo, tan necesarios en la actual situación de pandemia. NO EXISTEN tales protocolos. NUNCA EXISTIERON… o bien, nunca se pusieron esos protocolos en conocimiento de los empleados.

- Cesantearon a tres empleados… casualmente del grupo de empleados más cercanos al sindicato… esos que perdieron el miedo y ponen la cara por los reclamos de todo el personal.

- Atacan sistemáticamente al SINDICATO, poniendo en duda su validez legal y presionando a nuestro Secretario General, reteniéndole el pago de su salario.

- Desconocen la autoridad del Ministerio de Trabajo, no concurriendo a más de 15 citaciones a audiencias con el Sindicato, en pos de resolver los conflictos existentes, convocadas por dicho ministerio.

- Desconocen la autoridad del Ministerio de Trabajo al hacer caso omiso a la conciliación obligatoria dispuesta por dicho ministerio, que ordena la reincorporación inmediata de los tres empleados cesanteados y la apertura al diálogo para la resolución del resto de los reclamos.

- Pisotean la democracia al no acatar la Ordenanza del Concejo Municipal que justamente, “le ordena” que acate la conciliación obligatoria, dispuesta por el Ministerio de Trabajo, sumiendo de esta forma en una profunda crisis institucional al municipio. Ahora, no solo que no se respetan los derechos de los trabajadores (a la salud, a percibir un salario digno, a reclamar), sino que se desconoce el pilar básico del sistema democrático: La división de poderes.

- Discriminan a los empleados que pertenezcan al sindicato o que están cerca del mismo, demorándoles el pago de su salario. En estos días, justamente, todos los empleados han firmado el recibo de sueldo correspondiente al mes de julio y el día viernes, les fue depositado su salario… excepto a aquellos que participan sin esconderse en las distintas actividades del Sindicato.

- Todavía no explicaron nada referido al salario astronómico de casi $300.000 de la Coordinadora General del Municipio en el mes de febrero (imaginen cuánto es ahora), además de la negativa constante al pedido del Concejo Municipal, de conocer sus declaraciones juradas previas, durante y posteriores al ejercicio de sus cargos.

- Cada una de estas actitudes, representa un prejuicio económico para el municipio, que deberá afrontar las costas de los más de 50 juicios iniciados desde lo laboral en los últimos tiempos (los tiempos de los Placenzotti) por la cantidad de atropellos legales a los que son sometidos los empleados. Juicios que, huelga decirlo, serán afrontados por el bolsillo de todos los sancarlinos. Pero para los Placenzotti, esto representa un ingreso extra de dinero, ya que la apoderada legal del municipio, quien cobrará por la representación legal del municipio, embolsará por estas actuaciones un dinero que para cualquier mortal representa una pequeña fortuna. 

ES NECESARIO DECIR BASTA.

No podemos continuar en esta dirección. O torcemos el rumbo o nos dirigimos derecho al abismo. Un abismo de sociedad vigilada y temerosa, de ausencia de derechos y de daño irreversible al sistema democrático. Exigimos que el intendente se ponga a derecho y acate las resoluciones ministeriales e incluso las legislativas respetando el ejercicio de los tres poderes acatando las ordenanzas y respondiendo a los pedidos de informes del Concejo Municipal que nos representa a todos como sociedad. Que cese en la persecución y el castigo de aquellos empleados que no son manejados por el miedo impuesto, sino que alzan la voz en defensa de sus derechos. Que entiendan de una buena vez, que son gobernantes y no DUEÑOS DE LA CIUDAD. Exigimos que se nos escuche, no solo como empleados municipales, sino como ciudadanos que ansiamos vivir en una sociedad plena de derechos, donde no nos sintamos vigilados, sino protegidos por el estado municipal. Exigimos transparencia y claridad en todos los actos que lleve adelante la administración municipal. Nos invitan periódicamente a participar de actos de inauguración de un arco nuevo, de un cartel gigantesco al ingreso de la ciudad, de la renovación y reconstrucción del arco de ingreso, con mástiles monumentales y fuentes que no funcionan nunca, pero nunca nos invitan a conocer sus estados patrimoniales, a conocer cuáles y quiénes son los proveedores de estas obras, tan monumentales como inútiles; a conocer el verdadero porqué de las persecuciones a los empleados, a conocer el motivo por el cual no existen nombramientos en el municipio, porqué se pagan por debajo de su valor las horas extras, por qué otorgan y descuentan días de licencia a placer, por qué desconoce el derecho a reclamar de los trabajadores, por qué descuentan días por aislamiento por COVID, por qué, por qué, por qué…

Se acabaron los porqués. Es hora de respuestas.

Sr. Intendente, los empleados municipales y la comunidad toda se las estamos exigiendo.

Texto: SITRAM San Carlos