La fecha se acordó en una reunión que se realizó entre productores autoconvocados de distintas regiones del país y de entidades formalmente institucionalizadas, como el grupo de 9 asociaciones rurales del norte bonaerense, que tiene una activa militancia gremial empresaria y tiene una postura fuertemente crítica a la política agropecuaria del Gobierno Nacional.

En los próximos días se comenzará a trabajar en otros detalles, como el recorrido que tendrá la caravana y hasta qué lugar llegará. Román Gutiérrez, productor de la región de Pergamino señaló que “esto recién empieza”. En tanto, Raúl Víctores, integrante de la Sociedad Rural de San Pedro anticipó que “va a ser una gran movilización” y expresó que “esperamos que la Mesa de Enlace lidere la marcha”.

En las distintas asambleas se venía solicitando a la Mesa de Enlace que fuera ella quien pusiera una fecha para la movilización. Por ahora no lo hizo y fueron productores y dirigentes regionales quienes lo hicieron por su cuenta.

Por su parte, la Mesa de Enlace visitó el Congreso Nacional y dialogó con los distintos bloques opositores de la Cámara de diputados. La agrupación señaló que pidió ver a los legisladores “luego de haber mantenido diversas reuniones con funcionarios del gobierno nacional, y viendo que las políticas públicas que necesita nuestro sector no llegan, sino que por el contrario se avanza con medidas que ya fracasaron, buscando resultados diferentes”.

A propósito de la suba de retenciones y el aumento de la presión impositiva con que se grava la actividad, que motivaron la serie de asambleas de protesta que se vienen realizando desde el pasado 14 de marzo, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), determinó que actualmente de cada $100 de la renta agrícola de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol $64,9 queda en manos del Estado, sea nacional, provincial y municipal. En los últimos meses esa presión se incrementó, teniendo en cuenta que en diciembre de cada $100 de renta agrícola 63,2, se los llevaba el Estado a través de distintos impuestos, tasas y derechos de exportación.

Según el informe, pese a la mejora de los precios internacionales, la sequía y la suba de los costos, entre otros factores, hicieron que perdiera participación la producción frente a la presión fiscal.