El exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la última dictadura cívico militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció este sábado a los 93 años.

Etchecolatz murió a las 5.30 en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron a Télam fuentes de las querellas en su contra.

La información fue confirmada por el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata a los querellantes en las múltiples causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en las que estaba imputado y condenado reiteradamente a prisión perpetua el ex ladero de Ramón Camps, gobernador bonaerense del régimen.

Etchecolatz había sido beneficiado en las últimas semanas con una prisión domiciliaria en virtud de su deteriorado estado de salud, pero tal beneficio no llegó a concretarse por la cantidad de condenas que lo retenían en una cárcel común.

Etchecolatz nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 1º de mayo de 1929.

Pese a las evidencias de su dominio sobre una estructura represiva conocida como “Circuito Camps”, que manejó una veintena de centros clandestinos de detención, Etchecolatz fue uno de los beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando en 2003 esas normas que consagraban la impunidad y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem fueron declarados nulos, se reanudaron los procesos en su contra.

A Etchecolatz se le atribuye también la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006.

El represor fue fotografiado con un papel en sus manos que tenía anotado el nombre del testigo clave para su primera condena a prisión perpetua. Según contó el presidente del tribunal oral federal de La Plata que dictó aquella primera condena, Carlos Rozansky, Etchecolatz intentaba hacerle llegar ese papel a él, en pleno juicio, acaso como una forma de “mensaje”.

Etchecolatz nunca reconoció la jurisdicción de los tribunales –de hecho, nunca declaró en un juicio- y sostenía que debía ser juzgado bajo las leyes militares. Pero, además, sostenía que sus actos sólo podían ser juzgados “por Dios”.

En 2017, un tribunal oral de la Capital Federal le concedió la prisión domiciliaria, que disfrutó durante un corto tiempo en una vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, pero tras reiteradas y vehementes protestas de los vecinos, en 2018 la Cámara Federal de Casación le revocó el beneficio y ya no volvió a salir de prisión.

Fuente: NA