Editorial
Unas 55 tutoras pedagógicas y coordinadoras encargadas de la aplicación de la Ley Micaela en la provincia, una de las conquistas más importantes de los feminismos, denuncian que se quedaron sin trabajo. El pasado 2 de junio, un día antes del 3J, recibieron un correo electrónico en el que les agradecían por su trabajo y daban por finalizada la relación laboral a partir de julio. A partir del mes próximo, las capacitaciones se realizarán a través de una plataforma virtual que fue desarrollada junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y busca transmitir herramientas y construir sentidos comunes. En Santa Fe, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad garantiza su implementación en todo el territorio provincial. Desde 2020, este grupo de mujeres facilita los contenidos a cientos de agentes estatales. Algunas ingresaron ese año y otras en 2021 y 2022. "La contratación era bajo la modalidad de becarios, que sabemos que encubre una relación laboral precaria. Se trata de una contratación irregular por parte del Estado", explicó a La Capital Sandra Bonfanti.
Además de apuntar contra las condiciones laborales ofrecidas por el gobierno provincial, las mujeres argumentan que había un compromiso "de palabra" de que el programa de tutorías y coordinaciones se extendería hasta fin de año, con una actualización en el mes de julio para evitar perder ante la inflación. Sin embargo, eso no se respetó. "La resolución decía hasta el 30 de junio y contábamos con la renovación. Nos dijeron que íbamos a tener trabajo todo el año. No es lo mismo comprarme una estufa en 12 cuotas sabiendo que contaba con ese ingreso", sostuvo la referente de las trabajadoras.
