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El proyecto busca garantizar financiamiento estable, ampliar recursos y reconocer el rol cultural de estas instituciones.


Tuvo 42 votos negativos y 25 positivos. De cualquier manera, el decreto sigue vigente porque se necesita el rechazo de ambas Cámaras para que caiga.
POLÍTICA14/03/2024
Editorial
El Senado de la Nación rechazó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con una votación de 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Este resultado marca una tensión en la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso, especialmente después de la reciente reunión entre gobernadores y representantes del Poder Ejecutivo en la Casa Rosada.
El DNU, emitido por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, será ahora remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento. A pesar del rechazo en el Senado, el decreto seguirá vigente hasta que también sea rechazado por la Cámara baja. Este proceso legal indica que el DNU no quedará sin efecto hasta que ambas cámaras se pronuncien en contra.
La iniciativa para discutir el DNU en el Senado fue impulsada por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien lo incluyó en el temario oficial a pesar de conocer su destino probable. Villarruel había resistido previamente varios intentos de tratar el mega-decreto en el recinto, incluyendo solicitudes del kirchnerismo y de bloques federales, entre ellos uno radical.
En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, Villarruel trató de persuadir a los líderes de la oposición para prorrogar la discusión del DNU. Sin embargo, su decisión de incluirlo en el temario oficial generó fuertes críticas en las redes sociales, especialmente por parte de la militancia mileísta. Incluso el propio presidente insinuó su desaprobación sobre esta medida.
José Luis Espert, el nuevo miembro de LLA en el Congreso, cuestionó los motivos detrás de la inclusión del DNU en la agenda, mientras que el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió que Villarruel podría haber evitado esta situación si no hubiera sido por la presión recibida.
Pocas minutos después del inicio del encuentro en el despacho de Villarruel el día de la votación, las cuentas oficiales de la oficina presidencial publicaron un comunicado duro contra los legisladores de ambas cámaras, acusándolos de intentar imponer una agenda al margen del Pacto de Mayo y los nuevos lineamientos de la ley de Bases. Esta acción se interpretó como una exposición de Milei hacia la vicepresidenta.
El rechazo del DNU en el Senado se produjo con la participación de 33 senadores de Unión por la Patria, así como de otros senadores, incluyendo al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. Aunque el senador oficialista Ezequiel Atauche propuso posponer la discusión del DNU por tres semanas, esta moción fue rechazada.
En cuanto al debate en el recinto, fue similar al ocurrido en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la ley de Bases. Se destacaron discursos tanto a favor como en contra del DNU, con algunos senadores apuntando a la inconstitucionalidad del mega-decreto y otros defendiéndolo.
Además del rechazo del DNU, la sesión del Senado aprobó acuerdos internacionales y modificaciones en la Ley de Prevención y Represión del lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas decisiones se tomaron con la participación de 69 senadores presentes de 72 en total.
En resumen, el rechazo del DNU en el Senado refleja tensiones políticas y jurídicas entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras se discute no solo este tema, sino también otras cuestiones de importancia nacional.





El proyecto busca garantizar financiamiento estable, ampliar recursos y reconocer el rol cultural de estas instituciones.

El Ministro de Seguridad Provincial adelantó además que, a raíz de esta investigación, “en los próximos días se harán efectivos y se anunciarán una serie de cambios en algunas conducciones policiales que ya estaban en carpeta, aunque decidimos no avanzar antes para no interferir con la investigación penal”.

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