CONDENARON A UN SACERDOTE POR ABUSAR DE UNA ADOLESCENTE EN UN CAMPAMENTO SCOUT

El sacerdote Marcelo Ferrero fue condenado a tres años de prisión condicional por un hecho de abuso sexual cometido contra una adolescente durante un campamento scout realizado en la provincia de Córdoba. El fallo fue dictado este miércoles por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, en el marco de una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, como resultado de una investigación llevada adelante por la fiscal Favia Burella.

El caso se remonta a enero pasado, cuando se llevó a cabo el campamento de cierre anual del grupo scout de la localidad de Ramona, de donde es oriunda la víctima. En ese contexto, Ferrero, quien al momento de los hechos ejercía funciones pastorales, fue denunciado por abuso sexual.

El sacerdote reconoció su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado y fue condenado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto.

Además de la pena de cumplimiento condicional, el juez impuso a Ferrero la inhabilitación perpetua para ejercer el sacerdocio, la obligación de residir en la provincia de Córdoba durante el período de la condena, la prohibición definitiva de ingresar a la localidad de Ramona y la asistencia obligatoria a talleres sobre masculinidades.

El comunicado del Obispado

Horas después de conocida la sentencia, la Diócesis de Rafaela emitió un comunicado oficial, en el que confirmó que al tomar conocimiento de la denuncia en enero se activó el protocolo previsto por las Normas Diocesanas para la prevención y el abordaje de abusos de menores y adultos vulnerables.

“Ante esta situación, que nos genera dolor y perplejidad, se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente denuncia ante la Justicia”, expresa el documento firmado por el Área de Comunicación y la Comisión de Protección de Menores y Adultos Vulnerables del obispado.

En relación al sacerdote denunciado, se indicó que el obispo diocesano dispuso desde el primer momento una serie de medidas cautelares, entre ellas: el cese inmediato en todas las actividades pastorales, el traslado fuera de la localidad donde ejercía su ministerio y la prohibición de contacto con la víctima, menores, familiares o testigos.

Finalmente, el comunicado subraya que la diócesis quedó a disposición de la Justicia en aquello que se requiera y reafirma su compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables.