Editorial
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo este martes dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa por presunta defraudación a la administración pública. Los Allanamientos fueron realizados en una reconocida empresa de respuestos ubicada en Av. Facundo Zuviria 4700 y calle Bv. Gálvez 1800.
Según lo expuesto por autoridades de Vialidad Entre Ríos, durante el año 2024, en el marco del seguimiento administrativo y técnico de los procesos de adquisición de bienes y servicios, la DPV comenzó a advertir «inconsistencias y diferencias significativas» entre los presupuestos oficiales que se aprobaban internamente y los precios que cotizaban los oferentes en distintos expedientes. Estas anomalías se manifestaron en contrataciones directas, licitaciones privadas y cotejos de precios, lo que encendió las alarmas dentro de la administración.
El operativo fue ejecutado por personal de la Oficina de Delitos Informáticos de la PDI, con apoyo de la División de Delitos Económicos de la provincia de Entre Ríos. Durante los procedimientos se secuestraron diversos elementos de interés que serán remitidos a la autoridad judicial para su análisis.
Las diligencias responden a una denuncia presentada por el gobierno provincial por posibles irregularidades en el ámbito de Vialidad Provincial de Entre Ríos y empresas contratistas de hasta 4 provincias, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.
Allanamientos simultáneos en cuatro provincias por la causa Vialidad
Como resultado de las denuncias presentadas por la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, este martes 28 de octubre de 2025 se llevaron a cabo 15 allanamientos simultáneos. Los operativos fueron ejecutados por la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, bajo órdenes del fiscal Gonzalo Badano, con el objetivo de recolectar documentación, equipos informáticos y diversas pruebas vinculadas a la compra de suministros y los presuntos sobreprecios. Los procedimientos judiciales se realizaron en nueve domicilios ubicados en la capital entrerriana, Paraná, y se extendieron a otras tres provincias, con dos allanamientos en la ciudad de Santa Fe, dos en la provincia de Córdoba y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
