El gobierno provincial, a través de dos decretos que llevan la firma del gobernador Omar Perotti, vetó las dos leyes sancionadas hace pocas semanas por la Legislatura santafesina, una de las cuales impedía que funcionarios de conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), o de sus órganos de apoyo como lo es el ministro Marcelo Sain -al frente dela cartera de Seguridad- en uso de licencia, se desempeñen en cualquier tarea en otro Poder del Estado provincial o nacional.
En los decretos dados a conocer hoy se aplica el veto a la norma que generaba un control parlamentario sobre los gastos reservados o especiales destinados exclusivamente a solventar investigaciones criminales complejas en el Ministerio de Seguridad.
En el mensaje 4916 dirigido a la Legislatura, la nota expresa: "Se remite a vuestra consideración el adjunto Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia por el que se dispone vetar totalmente el proyecto de ley sancionado y registrado con el Nº 14.013, que regula la rendición de cuentas de gastos reservados o especiales, a los cuales se define como aquellos destinaos exclusivamente para solventar gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad físicas de personas relacionadas con dicha investigación".
Ambas leyes fueron sancionadas el pasado jueves 19 de noviembre, sin discusión inicial en el recinto, de manera express y sobre tablas.
En esa oportunidad, la velocidad en la presentación, tratamiento y aprobación de estas leyes sin debate previo en el recinto impulsó a abandonar sus bancas a los seis diputados del Justicialismo que denunciaron dos cosas: que las iniciativas tenían como objetivo vulnerar la continuidad de Sain al frente del Ministerio de Seguridad santafesino y que respondían a un acuerdo ya verificado anteriormente entre el Frente Progresista y el bloque de senadores oficialistas.
El gobernador Perotti aguardó hasta el último día de plazo que establece la legislación vigente para vetar o promulgar una ley desde que es comunicada por el Poder Legislativo. Ambas leyes, según se indicó, fueron observadas y vetadas "de manera total" sobre la base de "argumentos jurídicos".
Fuente: diario La Capital
