Los tres detenidos por encerrar a dos exempleados -y golpeado salvajemente a uno de ellos- tras citarlos para hablar de la indemnización por despido, recuperaron su libertad este lunes  Así lo acordaron las partes, tras la firma de un procedimiento de juicio abreviado con el que las víctimas estuvieron de acuerdo

Rubén Reinaldo F. (63) y sus hijos Jorge Luis (38) y Eduardo Nicolás (34) firmaron un acuerdo abreviado cuya pena es de 3 años de prisión en suspenso. Se les impuso reglas de conducta hasta que sean condenados

Entre ellas, la prohibición de contactar y acercarse a menos de 500 metros de ambas víctimas, y una fianza de 2 millones de pesos

Los abogados defensores Hernán Nessier y José María Silvela prestaron conformidad con el acuerdo, al igual que sus clientes, quienes acordaron el pago de un resarcimiento económico a los exempleados que agredieron el lunes pasado en su corralón de calle Amado Aufranc al 1200

Engaño y palizaBajo la excusa de que hablarían del acuerdo laboral indemnizatorio que les correspondía tras el despido, los empresarios citaron a dos exempleados la tarde del lunes 13 de diciembre, a las 18:00. Cuando arribaron, los guiaron a una oficina del corralón, donde los encerraron y acusaron de un supuesto robo

Cuando uno de ellos intentó irse, arremetieron a golpes de puño y patadas que no cesaron siquiera cuando el muchacho cayó por la escalera hasta la planta baja. Tras dejarlo inconsciente en el piso, se enunciaron con el 911 para denunciar que habían encontrado ladrones dentro del local

Esa versión perdió solidez rápidamente, y el fiscal ordenó la detención de padre e hijos, quienes fueron imputados como coautores de "privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida con amenazas y violencia" y "lesiones graves dolosas"

El fiscal pretendía la prisión preventiva en la audiencia agendada para el viernes pasado, pero la defensa solicitó una prórroga

La cautelar se fijó para este lunes, y tras la negociación en un juicio abreviado, el reconocimiento de culpabilidad y la aceptación de una pena que se despega del mínimo (2 años), la fiscalía acordó las alternativas.