Editorial
El narcotráfico y las redes de criminalidad que usan a niños y jóvenes para cometer delitos, lamentablemente, no son noticia en nuestra provincia. Se trata de una problemática que en los últimos años se ha extendido con alarmante rapidez por toda la bota y se concentra principalmente en los departamentos La Capital y Rosario.
Todos sabemos que el Estado tiene enormes dificultades para competir contra la promesa narco que tienta a muchísimos niños y jóvenes a formar parte de estas estructuras delictivas a cambio de dinero fácil, corrompiéndolos y truncando cualquier proyecto de vida y desarrollo. Por eso necesitamos de una ley que castigue con dureza a los adultos que usan niños para delinquir.
Para dimensionar la situación en la que estamos alcanza con mirar los datos del reporte anual de homicidios, efectuada en conjunto por los ministerios de Seguridad y Público de la Acusación. De allí surge que un tercio de los homicidios cometidos durante el 2020 en Santa Fe, se dieron en contextos de vinculación con organizaciones criminales y que en el departamento La Capital, este tipo de homicidios representó un cuarto del total; mientras que en el departamento Rosario la cifra asciende a la mitad del total de casos.
Por otro lado, del mismo documento, se extrae que el 64.6% de los homicidios en la provincia fueron planificados y un poco más del 20% fueron efectuados por mandato o pacto, es decir, por sicarios. En Rosario, esta última modalidad, se verifica en 3 de cada 10 casos.
Con estos datos, es entendible que la inseguridad y la violencia desencadenada por el avance narco, sean hoy las principales preocupaciones de los santafesinos. Pero, tal vez, la arista más cruel de esta realidad y la que especialmente nos preocupa tiene que ver con la creciente incorporación de menores en estas mafias.
Un dato que nos puede ayudar a tomar consciencia de la gravedad de esta situación es que en el 2020, el 32.2% de las víctimas de homicidio en la provincia tenían entre 15 y 24 años y en el departamento La Capital las víctimas de estas edades llegan a casi el 40% del total. Como decíamos, los números oficiales indican que un gran porcentaje de estos homicidios se dieron en contextos de vinculación con organizaciones narco criminales y economías del delito. Y si analizamos un poco más los informes oficiales, encontramos que las víctimas fueron niños y jóvenes de barrios populares, asesinados a menos de 500 metros de sus casas.
Desde otro punto de vista, podemos mencionar que el Ministerio Público de la Acusación, informó que durante los primeros 6 meses de este año, registró el ingreso de 3122 causas de denuncias penales contra menores de 18 años. Otra vez, niños y jóvenes de barrios populares. No es difícil presumir que también estén vinculados de alguna manera a redes de narcocriminalidad u otras organizaciones de la economía del delito.
Frente a esta realidad, algunos sostienen que la alternativa para resolver el problema de la delincuencia juvenil es bajar la edad de imputabilidad. Nosotros creemos que eso sería revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que ya están excluidos y violentados por el sistema. Pareciera una obviedad, pero la culpa no la tiene un niño que se hace delincuente, sino los adultos que se aprovechan de la infancia. Es a ellos a quienes hay que caerle con todo el peso de la ley. Por eso proponemos que la corrupción de menores con fines delictivos sea incluida en el Código Penal Argentino.
A través de esta iniciativa planteamos un cambio de mirada que, de calar hondo en la gente, como percibimos que ya comenzó a suceder, va a generar una verdadera revolución que nos acerque a construir una sociedad más justa, solidaria y pacífica. Estamos convencidos de que el camino correcto es el de proteger a las infancias como el gran tesoro que son, porque hacerlo en el presente va a determinar el futuro de nuestra sociedad.
