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Hoy comenzó el juicio contra matrimonio pilarense que abusaba de sus hijos.
En la ciudad de Santa Fe comenzó casi dos años después el juicio contra un matrimonio de Pilar que es acusado de abusar de sus hijos y vender las filmaciones a clientes de pornografía infantil.
LOCALES23/05/2019 Desarrollo propio y aportes de Diario UnoPilar y toda la región se había conmocionado con la noticia ese domingo de invierno a la noche. El confuso e increíble momento se había viralizado en cuestión de horas y como era de esperar, la misma se diluyó en el tiempo y muy pocos saben hoy que es de la vida de estos pobres chicos, solo se sabe que sus padres están presos desde ese entonces, tras el allanamiento en el domicilio interno de calle 27 de abril al 1400.
Los incalificables sujetos habrían puesto en oferta sexual a sus hijos menores, a cambio de una retribución económica.
Medios digitales de la ciudad de Santa Fe, como DIARIO UNO hoy anunciaron de esta manera el inicio de dicho juicio:
Fue el 17 de junio del 2017, cuando una nota anónima llegó a la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. "Una mujer prostituye a su hija por plata", indicó ese llamativo escrito que acompañaba el nombre de la denunciada y la dirección de donde se cometían los hechos.
Al lado de la nota, estaba un teléfono celular cuyo contenido fue la llave que permitió destapar un aberrante caso de trata de personas que involucró a dos padres y que tuvo cómo víctima a su hija, una niña que en su momento tenía 9 años.
La pesquisa develó que la madre habría obligado a su hija a ser filmada para luego abusarla y que dicha situación era un "secreto" que tenían ambas.
Por el suceso, comenzó a ser juzgado un matrimonio conformado por Gisela S. y Claudio R., ambos acusados de haber de haber abusado sexualmente y en forma reiterada de su hija y haber difundido dichos abusos mediante videos pornográficos que eran registrados por la madre de la víctima y que los enviaba a un "cliente".
El debate comenzó ante un tribunal conformado por los jueces camaristas, José María Escobar Cello (presidente), Luciano Lauría y María Ivón Vella, quienes escucharon los cargos que llevará adelante la fiscal auxiliar ante el tribunal, Jimena Caula, quien acusa a la madre de la niña, asistida por el defensor oficial, Julio Agnoli, de una serie de delitos contemplados en la figura de trata de personas: "abuso sexual de un menor de trece años gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente y aprovechando la situación de convivencia preexistente"; "producción y distribución de material audiovisual pornográfico de un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explicitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales"; y "corrupción de menores" y "trata de personas bajo la modalidad de ofrecimiento con fines de explotación sexual".
En los diálogos se permitió establecer cómo la mujer ofrecía a su hija para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
En tanto, el otro imputado, que es defendido por el defensor público Fernando Sánchez, se encuentra acusado de haber cometido el abuso sexual "en carácter de participe necesario en comisión por omisión" y además de haber también "distribuido el material pornográfico".
Tras ese operativo, los investigadores del programa Rescate elaboraron un informe que fue preciso al momento de describir sobre la situación en que se encontraba la menor víctima. "Fue muy difícil darse cuenta que estaban ante la presencia de la vulneración de sus derechos", precisó.
Sumado a ello, el testimonio de la víctima en la Cámara Gesell permitió ratificar lo que la denuncia anónima y los chats encontrados en los teléfonos secuestrados en el allanamiento evidenciaron de los aberrantes episodios que habrían ocurrido los martes, jueves y domingos, justamente cuando el padre de la niña trabajaba en horas de la noche.
En este sentido, la pesquisa develó que la madre habría obligado a su hija a ser filmada para luego abusarla y que dicha situación era un "secreto" que tenían ambas.
Ella lo desvinculó
El caso tiene la particularidad de que la imputada desvinculó a su marido de los hechos. De hecho, en una indagatoria que tuvo ante el magistrado federal de Rafaela, la mujer expresó "mi marido nunca supo nada de todo lo que estaba pasando. Lo que se encontró en el teléfono de él era de una memoria que yo utilizaba anteriormente. En el momento en que compramos el teléfono de él, le incorporé esa memoria que tenía más capacidad para que él pueda utilizarlo. Como él no tenía conocimiento del manejo del teléfono, yo me pasé la información de la tarjeta de memoria a mi celular", dijo la madre de la niña.
Sin embargo, el juez rafaelino consideró procesar tanto a la mujer como a su marido tras sostener que este último no cumplió con su deber de cuidar a su hija, teniendo en cuenta que tenía la patria potestad de la misma.
Quizás por esa razón, ambos acusados son representados en el juicio oral que tuvo su inicio este jueves por dos abogados distintos. Agnoli para la mujer y Sánchez -que se desempeña en la etapa de instrucción- por el hombre.
El juicio contará con el paso de 20 testigos que prestarán su declaración ante el tribunal de jueces y así permitirán establecer que sucedió en la vivienda de la localidad de Pilar
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