Los reclusos se hacían pasar como integrantes de la empresa de Posnet/Lapos. Operaban desde Córdoba y Santa Fe y solicitaban en forma diaria la devolución de crédito por las ventas producidas a diferentes estaciones de la firma YPF.

Un informe oficial arrojó que el total de personas bajo arresto en la zona de la capital duplica la capacidad.

Así lo indicó la pilarense Jaquelina Balangione, defensora General de la provincia. Al respecto, aclaró que se trata de personas que ya tenían "derecho por ley a una libertad bajo condiciones".

Es decisión política y relacionada directamente con los hechos de inseguridad en toda la provincia.