Imputaron a los funcionarios y jueces involucrados en el vuelo al sur con empresarios de Clarín

POLÍTICA 07 de diciembre de 2022 Por Editorial
La fiscalía de Bariloche pide investigarlos por incumplimiento de deberes y aceptación de dadivas. Pidieron que se levante el secreto fiscal y bancario de los involucrados para analizar la veracidad de las facturas presentadas.

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La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de “aceptación de dádivas”, a raíz de un viaje que realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, provincia de Río Negro.

“Entiendo que podríamos encontramos ante la posible comisión de delitos de acción pública en infracción a los arts. 248, 256, 256 bis, 257, 258 y 291 del Código Penal”, sostuvo la fiscal.

Puntualmente, los investigados son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

En el dictamen al que tuvo acceso Data Clave, Etchepare aclaró que la investigación se inició tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, “quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados”. El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

“Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”, remarcó la funcionaria.

Un punto que destacó la fiscal es sobre la vuelta a Buenos Aires de los investigados: “en las filmaciones se observa como las mismas dos camionetas de alta gama (una blanca y otra negra) ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto”.

“Como consecuencia de ello, convoqué a prestar declaración testimonial al Jefe de la UOSP Bariloche, Subinspector Gómez, en pos de determinar los motivos por los que el grupo no había pasado por los controles de rigor, quien explicó que sí lo habían hecho, pero ingresando por un portón en el que no hay cámaras y directamente a la pista, para evitar su encuentro con un grupo de personas reunidas en el aeropuerto (en la zona de control de los pasajeros de vuelos privados) para visitar a las mujeres detenidas por orden de ese Juzgado Federal en la relevante causa FGR 16.149/2022”, agregó al respecto.

“Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”, especificó sobre los posibles vínculos con el magnate Joe Lewis.

Al fin de avanzar en la investigación, la fiscal solicitó a la jueza que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados, junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, “a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente y si efectivamente fueron los investigados quienes efectuaron tales erogaciones (ley 11.683) o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas”.

Fuente: www.dataclave.com.ar

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