


PIDEN 9 AÑOS DE PRISIÓN PARA UNA MUJER POR FALSA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL
EditorialEl debate sobre las falsas denuncias y la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial ha vuelto a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones del abogado santafesino Marcos Barceló. El letrado, reconocido por su postura crítica y su lucha contra lo que denomina "falsas denuncias de abuso sexual", trazó un alarmante paralelismo entre dos causas de sexo grupal consentido que terminaron con resultados judiciales diametralmente opuestos: el caso de Fiorella Damiani en Bahía Blanca y el Caso Pilar en Santa Fe.
Dos relatos, un mismo origen
Según el análisis de Barceló, ambos casos comparten una raíz común: mujeres adultas que participaron de actos sexuales grupales de forma voluntaria y consciente. Sin embargo, en ambos escenarios surgió un factor determinante: el miedo al escrache social.
El abogado sostiene que, ante el temor de que se difundieran videos caseros de los encuentros, las involucradas optaron por interponer denuncias penales por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas, como una forma de "defensa propia" ante el juicio de la sociedad.
La tecnología como única salvación
La diferencia entre la libertad y condenas de hasta 16 años de prisión radicó, paradójicamente, en la existencia de grabaciones. Según indicó Barceló:
En Bahía Blanca: Los jóvenes involucrados habían filmado el encuentro. Al recuperar las imágenes desde la nube virtual, pudieron demostrar la voluntariedad de la mujer, lo que derivó en su absolución.
En Pilar, Santa Fe: Los jóvenes, por pedido de la denunciante, decidieron no realizar ninguna filmación. Sin esa prueba material que respaldara su versión frente a la acusación, el destino fue fatal para ellos.
Cuestionamientos al Tribunal de Rafaela
Barceló, quien entre todas las condenas del CASO PILAR fue el que logró la pena más baja para su defendido (8 años y en prisión domiciliaria) fue tajante al señalar el rol de la justicia santafesina en el Caso Pilar, donde 11 jóvenes recibieron penas de entre 8 y 16 años de prisión efectiva.
El abogado apuntó contra los tribunales de primera y segunda instancia de Rafaela, mencionando específicamente a los jueces Cristina Fortunato (hoy jubilada) y Matías Drivet.
Para el letrado, el tribunal actuó bajo una postura "radicalizada" en cuestiones de género, lo que habría impedido una valoración objetiva de la falta de pruebas directas de coacción, resultando en lo que considera una de las sentencias más severas y polémicas de la región.








UN CIERRE EN LO MÁS ALTO PARA EL PROGRAMA DE BANDAS COMUNITARIAS EN SANTA FE












