El caso por el soterramiento del tren Sarmiento, una de las causas donde se investigan los sobornos de la empresa Odebrecht en la Argentina, tuvo un revés judicial. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos, los sobreseimientos y las faltas de mérito que había dictado el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi contra los exfuncionarios del kirchnerismo Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros, por el presunto pago de coimas de parte del consorcio integrado por las firmas Odebrecht -la constructora brasileña protagonista del escándalo del Lava Jato en su país-, Iecsa, Comsa y Ghella para soterrar el tren Sarmiento.
Martínez de Giorgi había procesado, en abril de este año, al exministro de Planificación Julio De Vido, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsecretario de Gestión y Control de Planificación Roberto Baratta y al asesor de Jaime, Manuel Vázquez, por negociaciones incompatibles con la función pública. Esta resolución, que ahora quedó anulada, había beneficiado al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y a Jorge "Corcho" Rodríguez.
Los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA habían sido procesados por dádivas. Todos los imputados en esta causa quedaron, ahora, a la espera de una nueva resolución por parte de Martínez De Giorgi, ya que la Cámara le encomendó seguir investigándolos.
En esta causa, el testaferro de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, había declarado como imputado colaborador y confesó haber sido el intermediario para el pago de 20 millones de dólares a los exfuncionarios. Esa declaración nunca se incorporó al expediente -un hecho que despertó comentarios en el mundo judicial y motivó que las partes querellantes apelaran la decisión-, y los familiares de Vázquez, que con su testimonio habría complicado a Calcaterra, fueron sobreseídos. Los dichos de Vázquez, que se "desarrepintió", coincidían con los testimonios de los arrepentidos brasileños que dieron detalles sobre las transferencias bancarias y correos electrónicos.
El juez había adjudicado la falta de mérito a Calcaterra y a Rodríguez a la supuesta falta de pruebas sobre la existencia del pago de sobornos. Es decir que habían quedado procesados por negociaciones incompatibles con la función pública los exfuncionarios, pero no los directivos de las firmas adjudicatarias de las obras. Parte del argumento que dio el juez estaba basado en que aún no había recibido la información de la justicia brasileña con la información de los arrepentidos de ese país.
El fiscal Franco Picardi apeló la resolución de Martínez de Giorgi, así como también lo hicieron las partes querellantes, UIF y OA. Picardi había señalado que el juez omitió relacionar los extremos de la maniobra. Para los camaristas, al revisar el fallo la nulidad resultó ser "la única solución legalmente procedente".
"Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados (así lo sostuvo el juez), éste era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho", sostuvieron Irurzun y Bruglia en el fallo.
