EL 55% DE LOS ARGENTINOS COBRA AL MENOS UN PLAN SOCIAL

Así es, el título es lamentablemente real. el 55% de las personas que habitan la Argentina está alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9 en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%. 

Si en vez de contar personas se miran los hogares, la situación es alarmante. En los últimos 10 años, se duplicó el número alcanzado por ayuda alimentaria. En 2010, un 24,4% de los hogares recibía algún auxilio estatal. Este año, ese indicador ya está en 47,4%, prácticamente el doble.

Pero permita el lector una apertura de ese número. Al hacer zoom en ese porcentaje, es atendible que el 83,% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenga asistencia alimentaria así como el 68,3% del nivel bajo. Ahora bien, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la democracia argentina ya ha logrado que el 43,7% de los sectores medios bajos sean socorridos por el Estado con alimentos. Y como frutilla del postre, el 11,8% de la población con nivel socioeconómico medio alto también recibe alimentos o dinero para comprarlos. La política parece resuelta a darle de comer en la boca a cada vez más gente antes que proponer un país en el que la mayoría se procure su alimento. 

La mayoría de esos más de 22 millones de habitantes del país que recibe un programa alimentario percibe otros montos como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4 millones de madres. En ese hogar podría haber, además, un cobro por el Plan Potenciar Trabajo, que tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y que, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para este año 101.000 millones de pesos, algo así como 276 millones de pesos diarios. O si el lector prefiere, 11,5 millones de pesos por hora.

También se podría sumar el Plan Progresar, si el beneficiario se anota en un programa de educación superior y que el año 2019, antes de la pandemia, tenía 578.000 becas.

Pero si hay hijos menores de seis años, ese hogar tendrá la Tarjeta Alimentar, el único y millonario aporte de la ya desarticulada y olvidada Mesa del Hambre, que distribuyó alrededor de 300 millones de pesos por día, repartidos en 1.567.751 créditos prepagos que se acreditan todos los terceros viernes de cada mes. De acuerdo a la cantidad de menores ($6.000 por un hijo y $9.000 por dos o más) será el importe a consumir, y con ellos se podrá comprar cualquier producto de supermercado menos bebidas alcohólicas.

Largas colas en la Anses de Mar del Plata para tramitar la AUH, tras su creación Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi
 
Superposición de planes
¿Eso es todo? Pues no. También podría estar anotado en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que consiste en "la promoción y el fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos". Traducido: entrega de alimentos supuestamente muy saludables desde la seguridad nutricional, como harina de trigo, harina de maíz, pastas secas, panificados envasados del tipo galletitas dulces y saladas, tomates en lata, azúcar y yerba. 

En épocas de pandemia, a ese núcleo familiar seguramente también le llegó el IFE, el ingreso de emergencia con el que el Gobierno socorrió a 8,9 millones de argentinos en medio de la crisis por el coronavirus.

Laberinto sin salida
Es posible que jamás la política hubiese querido emular a Jorge Luis Borges. Más aún, hace pocas semanas, el kirchnerismo quitó una frase del Centro Cultural Néstor Kirchner: "Nadie es la Patria, pero todos lo somos". Un pasaje del poema Oda escrita en 1966 se convirtió en una polémica entre el oficialismo y la oposición.

Pero que no tema el genial escritor. La política construyó el más notable laberinto que se pueda imaginar en materia de planes sociales. Sedimentó, además, un Estado que tiene 3,7 millones de empleados públicos. Según un trabajo de Roberto Cachanosky realizado en 2019, también le pone dinero en el bolsillo todos los meses a 19,5 millones de personas entre planes sociales, jubilaciones, pensiones, seguros de capacitación y desempleo y, por supuesto, empleados estatales o de empresas oficiales. Casi la mitad del país pasa por ventanilla.

En 2020, esos prácticamente 20 millones seguramente se hicieron más, aunque no se sabe cuánto. El IFE sumó 8,9 millones y el pago de salarios al sector privado, ATP, benefició a 328.000 empresas que ingresaron en al menos una oportunidad, con alrededor de 3,07 millones de empleados. También, la mencionada Tarjeta Alimentar, con 1,5 millones más. Claro que, como se explicó, muchos de estos beneficiarios ya estaban en aquel total.    

Para completar el relevamiento, se debería golpear la puerta de cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires y los casi 1300 municipios de esa gran provincia. Aparecerán miles de planes sociales o "dádivas", la gran mayoría con escaso control, con funciones similares y beneficiarios que se repiten en muchos de ellos. Una verdadera bacanal para la política clientelar; una urdimbre sobre la que se teje gran parte de la política de la Argentina. 

No hay caso, por más que aquella frase desaparezca de un muro, Borges tiene un enorme homenaje de la democracia argentina, construido por cada uno de los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada. Desde Raúl Alfonsín con las primeras 700.000 cajas del Programa Alimentario Nacional (PAN) hasta estos millones casi 40 años después. Por eso, Borges puede estar tranquilo, no sólo que nadie ve la salida al laberinto, sino que hay un marcado empeño por agregar, a cada paso, un vericueto más.

Con texto de Diego Cabot de La Nación y ediciones de INFO Mercury.