La cantidad de empleados públicos provinciales pasó de 1.340.000 en 2002 a 2.270.000 en 2022 (último dato disponible), lo que representa un alza de 69%, según estimó un estudio de la fundación Libertad y Progreso.
“La expansión en el empleo público fue transversal, en otras palabras, no hubo una sola jurisdicción donde el empleo público se mantuviese estable o se redujera. El mayor crecimiento se registró en Tierra del Fuego (+197%), provincia que casi triplicó la cantidad de trabajadores estatales”, indicó el trabajo. El informe puntualizó además que “la menor expansión se dio en Formosa (20%)”.
Según los especialistas este aumento “inédito” se debe “a un desorden en la administración de fondos provinciales, que a lo largo de 20 años comprometieron las cuentas públicas y que hoy deben afrontar sus obligaciones”.
El trabajo sostiene que “la cantidad de empleados públicos provinciales aumentó muy por encima del crecimiento poblacional (23%)”.
De la misma forma, se “observó un crecimiento igual de vertiginoso en la cantidad de empleados públicos provinciales por cada mil habitantes; mientras que en 2002 era de 36, para 2022 creció hasta los 49”.
Bajo esta métrica, Tierra del Fuego ocupa el primer lugar con 128 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes. Esto es 50 trabajadores más que en 2002. Además, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y Neuquén completan la lista de provincias que superan los 100 empleados públicos provinciales por cada 1.000 personas.
Entre las jurisdicciones con menos trabajadores públicos por habitante aparecen Córdoba (32), Buenos Aires (37), Santa Fe (40) y Mendoza (46).
Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que: “Así como en los sistemas de pensiones es necesario tener más aportantes que beneficiarios, en la composición del empleo es fundamental que la parte privada supere a la pública, ya que la primera soporta a la segunda, y de otra forma el sistema se vuelve insostenible”.
“Lo cierto es que en muchas provincias argentinas las actuales composiciones de empleo solo son posibles bajo los malos incentivos que genera la coparticipación, que lleva a las jurisdicciones subnacionales a comportarse irresponsablemente, generando que en los últimos años aumentaran su personal de sobremanera, mucho por encima de la administración nacional”, agregó Gutiérrez.
NA
