Editorial
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, argumentando la necesidad de mantener el déficit cero. El veto fue publicado en el Boletín Oficial, enviando la ley de nuevo al Congreso para su reconsideración. La medida generó una fuerte reacción de la comunidad universitaria, que organizó una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, replicándose en distintas ciudades del país.
Según el decreto presidencial, la ley no contempla el impacto fiscal ni determina la fuente de financiamiento. El presidente también señaló que los aumentos salariales para el personal universitario deben negociarse a través de acuerdos colectivos de trabajo. Desde el gobierno se reafirmó el compromiso con el déficit cero, considerando que cualquier aumento de gastos debe debatirse durante la discusión del Presupuesto Nacional 2025.
La comunidad universitaria, encabezada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), rectores y gremios, reclamó la promulgación de la ley, argumentando que solo demanda el 0,14% del PBI y es esencial para el funcionamiento de las universidades y la actualización salarial de los docentes.
