Confirman la inhabilitación a Miguel del Sel para ejercer cargos públicos

La causa se inició debido a que el PRO-Propuesta Republicana, como se llamó en un principio el espacio liderado por Mauricio Macri, no pudo justificar parte del gasto de campaña que en la agrupación aseguran que se trata de cinco mil pesos.

Por tal motivo, el fiscal federal con competencia electoral, Walter Rodríguez, a quien en el PRO señalan como integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, insistió en que el partido brinde las explicaciones correspondientes.

“Así como se nos observó a nosotros por cinco mil pesos, se lo hicieron al resto de los partidos pero al único que le mantuvieron abierta la causa fue a Miguel del Sel”, se quejó un dirigente macrista al tanto del expediente judicial.

En el partido afirman que el intendente de Funes, León Barreto, asumió la tesorería a mediados de diciembre de 2012, por lo tanto estuvo apenas 15 días mientras que el ex embajador en Panamá fue imputado por ser el presidente del PRO en Santa Fe “pero nunca tocó un mango, Miguel perdió plata en su carrera política”, defendieron.

Además, creen que hay una intencionalidad política detrás de la insistencia de parte del fiscal ya que el fallo de primera instancia absolvió a los dirigentes y la decisión fue apelada por Rodríguez quien la reactiva en medio de la campaña de 2015 cuando del Sel era candidato a la gobernación de Santa Fe y la Cámara Electoral tardó tres años en resolver.

Por su parte, el diputado Lucas Incicco, apoderado de del Sel y Barreto, le confirmó a La Política Online, que presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “porque no es la sanción lo que le preocupa a Miguel sino el antecedente. Nunca tuvo ningún problema y esta condena es totalmente injusta”, defendió Incicco.

El fallo que condenó a del Sel y a Barreto fue firmado por los jueces Alberto Dalla Via y Graciela Medina mientras que Santiago Corcuera falló en disidencia señalando que nunca se realizó la audiencia contemplada por ley, vulnerando los principios de debido proceso.