Los reclusos se hacían pasar como integrantes de la empresa de Posnet/Lapos. Operaban desde Córdoba y Santa Fe y solicitaban en forma diaria la devolución de crédito por las ventas producidas a diferentes estaciones de la firma YPF.
Así lo indicó la pilarense Jaquelina Balangione, defensora General de la provincia. Al respecto, aclaró que se trata de personas que ya tenían "derecho por ley a una libertad bajo condiciones".
La Justicia de Santa Fe homologó un juicio abreviado en el que el exsecretario de Participación Social admitió su culpabilidad. Deberá cumplir estrictas reglas de conducta y registrar su perfil genético.