La Provincia podría dar marcha atrás con las “masivas” titularizaciones docentes de la gestión Lifschitz

Hay una fuerte controversia que se ha actualizado, porque este debate ya se había instalado cuando inició la gestión del gobernador Omar Perotti. Hoy vuelve a salir a flote el tema porque hay una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas y hay un dictamen del trabajo de una Comisión de Revisión para estudiar 800 titularizaciones docentes que se dieron durante la última etapa de la gestión de Miguel Lifschitz. 

El decreto respaldatorio de ello se firmó el día 5 de diciembre, cinco días antes de terminar la gestión. Se denuncian una serie de irregularidades que terminarían afectando a estas 800 titularizaciones.

Se declararía la nulidad de las mismas que tuvieron lugar durante los últimos días de la gestión de Miguel Lifschitz por “ilegales” y se convocaría a nuevos concursos para transparentar el objetado proceso y enmarcar todas las acciones en el pleno cumplimiento del Decreto 3029.
 
Las actas de Observación Legal Nº0014, Nº0015 y la Nº 0044 del TCP reflejan graves irregularidades en el proceso de titularización de cargos y horas cátedra durante la gestión de la ministra del FPCyS, Claudia Balagué. Las maniobras cuestionadas por el Tribunal intentaron plasmarse con casi 800 personas durante el último tramo de la gestión de Miguel Lifschitz.

Abunda en el tema precisando que “no se acompaña acta de la Junta de Escalafonamiento que resuelva sobre la pertinencia de la admisión como concursante conforme a lo establecido”. Más aún, el texto del TCP expresa que “no se acredita publicidad del escalafón” como lo establece la ley. Por aquel entonces, la Secretaría de Educación habilitó a exceptuar de los requisitos concursales en el reglamento general de concursos de ingreso a la docencia, invocando habilitaciones especiales para resolver “lo no previsto”.

El Ministerio de Educación tiene la directiva el Tribunal de Cuentas de dar marcha atrás con los nombramientos, pero a la vez el gremio docente está advirtiendo que ya hay derechos adquiridos por lo que el tema podría hasta judicializarse. Amsafe fue tajante: “El gobierno provincial no puede avanzar sobre los derechos adquiridos de las y los trabajadores”.

Objeciones
Las objeciones presentadas por el Tribunal de Cuentas en sus resoluciones Nº0044/19 (Formación Profesional y Capacitación Laboral); Nº0014/20 (Equipos Territoriales con Eje en la Convivencia) y Nº0015/20 (Plan Vuelvo a Estudiar) remiten a las siguientes situaciones:

—No puede determinarse con qué norma accedieron a la cobertura de cargos vacantes para después, en un tiempo ciertamente veloz, ser titularizados en las funciones que se identifican.

—No existen antecedentes que permitan determinar qué títulos tienen los nombrados.

—En los concursos observados hay una nítida presencia de irregularidades, llegándose a detectar concursos sin previa exhibición de escalafones o directamente sin escalafones.

—Se cuestionó la inexistencia de una etapa recursiva, donde tampoco hubo una intervención de las Juntas. El proceso continuó y luego se realizaron las tomas de posesión en estos cargos “armados”, esto es, figuras que ni siquiera existían en el nomenclador oficial, como por ejemplo, referente de convivencia. De este modo, a una persona le dieron un cargo sin previa existencia en las categorías oficiales, con 20 horas y en un breve lapso de tiempo, se la titularizó.

—Se transformaron cargos y horas vacantes para hacer después los nombramientos evitando que pudieran cubrirse con suplencias o traslados.

—No se acreditó fehacientemente antes de titularizar a estas personas en horas y/o cargos la compatibilidad elemental para realizar los nombramientos, no hubo certificación de título. Mucho menos de aptitud física o carpeta médica.

—Se habilitó a la Secretaría de Educación para que actúe y exceptúe de requisitos concursales previstos en el reglamento general de concursos de ingreso a la docencia. La Secretaría podía resolver para “lo no previsto”.

—No intervino el Jurado Concursal, que expresamente estaba designado en la convocatoria para serlo. Pero cuando intervino, no se realizaron actas, ni se procesó el escalafonamiento con las publicidades del caso.

Fuente: RadioRafaela