Editorial
Una investigación del MPA, impulsada por una denuncia anónima, destapó una red de corrupción en la Alcaidía de Rafaela. El jefe del penal, Norberto Núñez, junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías, habrían cobrado a internos por acceso a celulares, mejores pabellones y otros beneficios.
Familiares debían pagar desde $100.000 para acceder a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían.
También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.
Durante los allanamientos, se hallaron 58 teléfonos en la oficina de Núñez, que eran usados por los presos para comunicarse e incluso cometer delitos. También se detectaron televisores smart conectados ilegalmente a internet. Uno de los reclusos fue testigo clave, con conocimientos en informática, denunció que los policías le pedían inversiones en criptomonedas.
El juez Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para Montiel y Farías. La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas imputaciones.
