Los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi han sido declarados culpables de uno de los casos más dramáticos de pedofilia de la historia de Argentina.
NACIONALES02/12/2019
El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 84 años, vivió para escuchar la condena que había esquivado durante toda su vida. Un tribunal argentino lo ha condenado este lunes a 42 años de cárcel por abusar sexualmente de alumnos sordos del Instituto Próvolo de Mendoza, al oeste de Argentina, entre 2005 y 2016. Corradi ya había sido acusado de pedofilia en la sede del Próvolo en Verona, su ciudad natal, pero ante las primeras denuncias, en vez de llevarlo ante la Justicia, la institución religiosa puso un océano de por medio. El tribunal penal 2 de Mendoza condenó también a 45 años de cárcel al cura Horacio Corbacho y a 18 años al jardinero Armando Gómez.
Los imputados fueron declarados culpables de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores". Corbacho fue condenado por 16 abusos; Corradi y Gómez por seis cada uno en una causa impulsada por la denuncia de 11 exalumnos sordos.
"¡Es un día de justicia!", señalaron desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico al difundirse el fallo. Víctimas, familiares y allegados se congregaron a las puertas del tribunal para esperar una sentencia que fue recibida con aplausos.
En el momento en que fueron abusadas, las víctimas tenían entre 5 y 17 años. Pasó mucho tiempo hasta que se atrevieron a romper el silencio y relatar el infierno que vivieron en un altillo del edificio, al que los abusadores llamaban La casa de Dios. Entre las aberraciones, escuchadas durante los casi cuatro meses de juicio, está el caso de un niño que fue violado por Corbacho a los cinco años, una niña que usaba un pañal para que dejara de sangrar tras ser vejada y varios adolescentes que fueron abusados y obligados a mantener relaciones sexuales entre ellos enfrente de los sacerdotes.
Corradi y Corbacho seleccionaban a sus víctimas entre los alumnos más vulnerables y sumisos, quienes además no podían hablar y denunciar los abusos. "Los amenazaban con echarlos si hablaban. Hay que tener en cuenta que muchos de estos niños venían de villas de miseria, el centro era como un hotel de lujo para ellos. Les decían que sus familias tendrían muchos problemas si decían algo. Cuando salieron, convivieron con miedo y vergüenza", contó el fiscal, Gustavo Stroppiana.
"Mi hijo vio como abusaban del que después le violó. Era una cadena. Todavía hoy le tiene terror a Corradi. Su relato siempre se detiene en él. Dice que le tiene mucho miedo", relató meses atrás Cintia Martínez, madre de uno de los denunciantes.
El caso del Provolo es uno de los escándalos de pederastia eclesiástica más grandes del país sudamericano, donde se han condenado 12 sacerdotes por abuso sexual. Este juicio fue el primero de la megacausa del Próvolo. El siguiente año está previsto que comience otro proceso contra los demás acusados, entre ellos religiosas y personal directivo del colegio.
HUELLAS BORRADAS
El instituto nunca volvió a abrir sus puertas tras el escándalo. En 2017, el ayuntamiento de Luján de Cuyo compró el terreno de seis hectáreas donde funcionaba el instituto y hoy hay dependencias administrativas instaladas allí.
El escándalo estalló en noviembre de 2016, cuando la policía allanó el Instituto y detuvo a media docena de sacerdotes y empleados. Poco después, el caso se amplió a la sede del Provolo en La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, el primer lugar donde Corradi trabajó al ser trasladado desde Italia.
El Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, en Mendoza, era parte de la Compañía de María para la educación de los sordos, fundada en Verona y con sede en Argentina desde 1914. El relato de otro sacerdote del Próvolo de Verona dio a conocer el sistema utilizado por ese instituto religioso para silenciar abusos: cuando había denuncias, el cura tenía que elegir: "A casa o a América". Muchos, como Corradi, optaban por lo segundo.
La institución tiene entre sus facultades la de pedir antecedentes a la Santa Sede, si es que la autoridad de la congregación no las ofrece en forma espontánea. El arzobispado de La Plata y el de Mendoza siempre aseguraron que desconocían los antecedentes de Corradi. Sentado en silla de ruedas desde el banquillo de los acusados, el sacerdote ha escuchado este lunes la condena que sus víctimas aguardaron durante tanto tiempo.
Que Bergoglio diga lo que sabe
Frente a las maniobras de la Iglesia católica, que se suceden como un rosario interminable, las querellas de la causa Provolo de Mendoza decidieron exigirle al Poder Judicial que intime a la Curia a entregar la información que posee y no siga dilatando su colaboración elemental con la justicia.
Lombardi denuncia que “este comisario apostólico sigue la línea institucional de la Iglesia, presentándose altaneramente como un justiciero paralelo al Estado. Por eso con los abogados querellantes vamos a solicitar que este señor entregue al Poder Judicial su investigación, esa que la Comisión del Vaticano integrada por dos sacerdotes que llegó a Mendoza llevó a cabo y nunca quiso presentar”.
Quien esté desprevenido podría pensar que el abogado Lombardi está diciendo un absurdo. Pero no. Aunque la Iglesia está obligada a cumplir con las leyes argentinas, su modus operandi es contrario a la más mínima colaboración con la verdad y la búsqueda de responsabilidades.
“La Iglesia está obligada a cumplir con las leyes del país. En Mendoza tenemos un fallo de la Corte Suprema provincial en el caso de Iván González (patrocinado por mí) contra el Arzobispado de Mendoza, donde se establece categóricamente que el Derecho Canónico no prevalece sobre el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esto es importante para poner blanco sobre negro la ausencia absoluta de colaboración de la Iglesia en la causa Provolo de Mendoza. Ni el Arzobispado, ni la Comisión Vaticana, ni la Conferencia Episcopal Argentina ni la Nunciatura han prestado ningún tipo de colaboración”, sentencia Lombardi.
Habrá que ver si el Poder Judicial mendocino da curso finalmente a los pedidos de las víctimas de Corradi, Corbacho, Kumiko y el resto de los abusadores de Luján de Cuyo. O habrá que esperar lo previsible: que los estrechísimos lazos entre el Estado y el Vaticano terminen confirmando los deseos de Bergoglio y sólo culminen tras las rejas aquellos criminales que, de tan voraces, no pudieron zafar del escándalo.
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