Además denunció que le habrían negado el certificado de "nacida viva" de la bebita hasta no pagar el monto requerido.
NACIONALES29/05/2020 que pasa salta
El INADI en Salta interviene tras la grave denuncia de una mujer, nacida en Bolivia, que dio a luz en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y dijo que quisieron cobrarle un total de $27.000 por el parto, aún cuando el nosocomio es público No le habrían querido entregar el certificado de "Nacida Viva" de su bebé hasta que no salde la deuda. Salta/12 publicó el caso que generó polémica en las últimas horas.
La denunciante es Marta Cardozo, una joven de nacionalidad boliviana, que reside en la ciudad tartagalense hace 5 años.
El nacimiento de su pequeña se registró el 2 de mayo pasado. "Nunca se le negó el certificado. Lo que pasó es que ella nunca pasó a retirarlo. Y nunca dijo que no podía pagar", sostuvo el gerente del hospital, Juan López, al ser consultado.
La denuncia de la situación ya se encuentra en manos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en Salta. Si bien por intervención del delegado de la entidad, Gustavo Farqhuarson, el problema está en vías de ser resuelto, la denuncia seguirá su curso.
La explicación que dio un abogado del Hospital a Farqhuarson fue un tanto distinta a la de López, pues adujo que la joven parturienta no entregó su documentación para anotar a la nena.
Pagó, pero no todo
Cardozo afirmó que ella habló en el Hospital con un contador de apellido Ovejero a quien le manifestó la imposibilidad de pagar. Y es que los únicos ingresos con los que cuenta son de las pensiones de dos de sus tres hijos más chicos que actualmente viven con ella. Esos dos hijos de Cardozo tienen discapacidad, y ella también. Su marido, en tanto, "vive de changas" y no tiene un trabajo formal.
Pese a la situación, primero pagó $2 mil porque no la dejaban salir del hospital a su hija, y luego llevó $10 mil más. Pero tampoco se animó a volver a preguntar por el certificado, dado que sintió maltrato por parte de quienes la atendieron en la administración hospitalaria.
El acuerdo se firmó a las 4 de la mañana tras intensas negociaciones. Ahora, debe ser aprobado en asambleas de cada sindicato. Se espera un anuncio del Gobierno al respecto.
Por el momento solo el 10% requirió internación.
Al promover que los procesos de disolución del vínculo matrimonial se resuelvan en sedes administrativas, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y dinero, además de generar una sobrecarga innecesaria en los tribunales.
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Se suma un costo y pasará a ser más caro tributar bajo dicho régimen.
Segunda instancia: El tribunal no dió lugar al MPA y redujo las condenas de la mayoría de los imputados. El caso podría llegar a ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
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