El 10 de diciembre de 1948, tras la finalización de la 2da Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este documento histórico, se proclamaron los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas, y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
Por nuestra parte, Argentina suscribe a la declaración desde un primer momento, pero en 1994, en la última reforma de la Constitución Nacional, incorporó en el art. 75 inciso 22, al conjunto de Declaraciones, Tratados y Pactos Internacionales sobre derechos humanos, qué desde esa fecha, tienen jerarquía “supra legal”.
Al respecto, es importante mencionar que en nuestro país, la protección de los DD.HH., ha estado fundamentalmente unida a la condena a delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Asimismo, con respecto a la ampliación de derechos de las minorías, como la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, la N° 26618, de Matrimonio Igualitario; la N° 26743 de Identidad de Género, la N° 26485 de Protección Integral contra la Violencia Machista, entre otras, a todas ellas, el gobierno santiagueño no sólo adhirió, sino que también destinó recursos para implementarlas de la mejor manera posible, como por ejemplo creando la Dirección de género en 2010 y el Hogar de Protección Integral para Mujeres en situación de Violencia en 2018.
En la actualidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, lleva 17 años de gestión con una actividad que no solo se limita a la promoción y difusión de los DDHH, sino que fundamentalmente desarrolla e implementa políticas públicas con perspectiva en Derechos Humanos. Es importante mencionar que oportunamente, este organismo realizó el acompañamiento y contención a los/las testigos que declararon en los juicios de lesa humanidad conocidos como Mega Causa IV. En esa oportunidad el Tribunal Oral Federal juzgó y condenó a represores por crímenes que van desde la persecución, represión y encarcelamiento a la tortura y el abuso sexual de menores. En este juicio se juzgó por primera vez a algunos miembros del Ejército.
En este 2020, el contexto de pandemia que atravesó el mundo, requirió una intensa y continua actividad, atendiendo numerosos y diversos reclamos de intervención directa para garantizar derechos humanos, adaptando herramientas, atención y presencia para dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad.
