En julio de 2018, la madre de una joven de 16 años, domiciliada por ese entonces en la localidad de Pilar, se acercó a una dependencia policial de Esperanza para efectuar una denuncia sobre abuso sexual grupal sobre su hija. Un hecho que databa según esa misma acusación de un par de meses atrás. 

Rápidamente esta acción se convirtió en primer lugar en rumor, luego en un comentario fuerte, hasta confirmarse que la causa estaba firme y abierta, y conllevaría en una cámara gessell a la menor y en 12 allanamientos en diciembre de ese mismo año en hogares de los acusados. 

De ese operativo, las fuerzas de seguridad se llevaron 83 dispositivos tecnológicos, entre los que se encontraban celulares, tablets, computadoras de los mismos jóvenes y de todo familiar, amigo o vecino que en ese momento se encontraba en alguno de esos domicilios. 

Pandemia de por medio, la causa se enfrío, cada uno de los acusados volvió de a poco a su vida habitual, aunque la mayoría de ellos con la preocupación que semejante acusación amerita, la cual obviamente deriva en un prejuzgamiento social de relevancia.

Mientras tanto, no podemos dejar de mencionar que la denunciante decidió irse de la localidad junto a su familia, acusando según su defensa, ataques y acusaciones de una comunidad con la que quizás no iba a poder convivir fácilmente en un futuro cercano o lejano. 

“Tuve que mandar a vivir a mi hija a otra provincia porque no podía estar acá viéndolos todos los días”, describió la mamá de la adolescente durante una entrevista en mayo del 2018 a DIARIO UNO de Santa Fe.

Pero cuando todo parecía estar calmo, la mañana del 6 de Octubre llegaron las detenciones masivas de 10 de los acusados. Recordamos que los otros 2 no fueron aprendidos ya que uno en la fecha del acto en cuestión era menor de edad y el otro se encuentra trabajando y residiendo en una ciudad de España; habiéndose presentado a la justicia de aquel país horas después para ponerse a disposición. 

La sorpresa y el estupor llegó a todos los rincones del país, con medios de comunicación que tildaban a los acusados de VIOLADORES EN MANADA. Adjetivo con el cual la misma fiscal Capitanio los mencionaba en cualquier nota referida al tema. 

Los alojamientos carcelarios fueron dispares. Algunos fueron a parar a Coronda, otros a Las Rosas, Rafaela, Tostado, Santa Fe, San Cristóbal, entre otras dependencias en las que fueron derivados para compartir los días con otras personas que están en situaciones similares o diferentes. 

Ahí fue cuando cada familia tuvo que moverse nuevamente judicialmente, algunas manteniendo las mismas defensas con las que se habían contactado en 2018, otras en cambio solicitando abogados que recién conocían la causa a finales de 2021. 

Hubo diferentes tácticas legales para intentar al menos, una libertad condicional que saque a estos jóvenes de los calvarios carcelarios que se convirtió en un debate social puertas adentro y afuera, no solo en Pilar sino a nivel regional o nacional, sobre este y otros hechos en donde víctimas, victimarios y falsos acusados conviven, según el caso que se toque y opine quien opine, en un clima hostil del que es y será muy difícil de salir y reponerse, se esté en el lado que se esté parado. 

El último viernes, hubo nuevas novedades sobre esta causa, y se trató de una audiencia donde las partes tuvieron la última posibilidad de aportar pruebas y/o testimonios a la misma, de cara a un próximo debate (que podría ser a finales de año) y un posterior juicio. 

De eso hablamos con el Dr Claudio Torres del Sel, quien defiende a 4 de los 11 acusados y que por ellos y con la aprobación de estas 4 familias, accede a nuestra entrevista. La compartimos.