Los cinco delitos por los que investigan a Vicentin

La estrepitosa caída de Vicentin hace un año, y su presentación a concurso de acreedores dos meses más tarde, disparó denuncias por distintos delitos en tribunales del país y el exterior. La mayoría de esas denuncias son consecuencias de la falta de respuestas por parte de la conducción de Vicentin, que cuando se formalizó el default el 5 de diciembre de 2019 (en la práctica el Banco Nación ya tenía créditos impagos desde agosto), primero dijo que no tenía intenciones de convocar la empresa y luego dijo que haría ofertas extrajudiciales y que saldría de la crisis.

Los acreedores aguardaron con paciencia esos primeros movimientos y señales de la empresa, pero a medida que pasaron los meses resultó muy evidente que las buenas intenciones que se declaraban no buscaban otra cosa que ganar tiempo; y que no alcanzaba con la justificación de un descalce financiero provocado por la devaluación que siguió al triunfo en primarias de la fórmula Fernández-Fernández, sino que la trama que condujo a la ruina era mucho más compleja: sobrexposición crediticia a partir de adulteración de balances, garantías superpuestas; un fenomenal stock de granos con precio a fijar; ocultamiento de pasivos; y desviación progresiva de activos (despatrimonialización) hacia sociedades creadas a tal fin, particularmente en el exterior.

La falta de perspectiva de cobro o de un plan de pagos razonable hizo que algunos de esos acreedores cambiaran de actitud y recurrieran a los tribunales, la mayoría de ellos con la convicción de que el dinero está, aunque no en Argentina.

El Banco Nación hizo punta en febrero pasado con una denuncia penal por préstamos que las anteriores autoridades le dieron a Vicentin –en total unos U$S 105 millones– incumpliendo todas las normativas de la propia entidad y del Banco Central.

En los meses siguientes se sumaron acreedores comerciales y luego los bancos extranjeros. La última denuncia fue a fines de octubre en los tribunales provinciales de la capital provincial.

Una de las líneas que se investigan, es si los directivos de Vicentin pidieron créditos al Banco Nación que sabían que no podían pagar. Aire Digital hizo un inventario de las investigaciones judiciales abiertas en este primer año de default. En tribunales que van desde Nueva York a Reconquista se investigan los delitos de administración fraudulenta, estafa, lavado de activos, falsificación ideológica y apropiación indebida de beneficios fiscales, e intentan recuperar el dinero.

 - Tribunales de Rosario: la investigación está a cargo del fiscal Miguel Moreno, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Los delitos que se investigan son Estafa, Presentación de balances falsos y Desbaratamiento de derechos acordados. Los denunciantes son los acreedores Cuatro Hojas S.A.; Olzen Intrustria y comercio de Calzados S.A; Banco Macro; La Clementina S.A; Grassi SA, Maniagro SA y los bancos internacionales que querellan en conjunto: IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos). La investigación está en la etapa de análisis de documentación y material informático secuestrado. Antes de que termine el año la fiscalía elevará al presidente de la Nación las preguntas para su declaración testimonial solicitada por el abogado Gustavo Feldman. La Fiscalía también hizo requerimientos a la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la operatoria de Vicentin entre 2017 y 2019 que figuran en sus registros.

 - Tribunales Federales de Capital Federal: la instrucción de la causa está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Investiga el otorgamiento de créditos de Banco Nación a Vicentin a partir de agosto de 2019, que es la fecha en que comenzaron los incumplimientos. El banco no sólo no ejecutó las cuentas comerciales que garantizaban los préstamos sino que le autorizó a retirarlos del banco y le siguió concediendo créditos hasta finales de noviembre. En total, son 105 millones de dólares prestados a pesar de no encuadrar dentro de los límites y normas del sistema bancario y las alertas que emitía el Banco Central. La figura penal es administración fraudulenta, pero no se descarta que a la hora de las imputaciones se consolide también la hipótesis de estafa.

 La investigación tiene como dos vías: por un lado la acción penal, por el otro el recupero de activos para el Estado, para lo cual es necesario seguir la ruta del dinero. Hay 26 personas bajo investigación, entre funcionarios políticos y de línea de Banco Nación y directivos de Vicentin. Entre ellos el ex presidente de BNA Javier González Fraga y Daniel Buyatti y Alberto Macua, presidente y vice de la agroexportadora hasta septiembre pasado.

 El juez Ercolini autorizó a levantarles el secreto bancario, bursátil y fiscal a los 26 pero no la inhibición de bienes solicitada por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera, que es querellante en la causa. Igual está medida está a la espera de la confirmación de la Cámara de Apelaciones. Pollicita ya delimitó la acusación general y está en la etapa más compleja de precisar los roles de cada una de las 26 personas. La principal hipótesis de trabajo es que Vicentin pidió créditos que ya sabía que no podría pagar y que los funcionarios que debían proteger los intereses del banco público no lo hicieron.

 - Tribunales federales de Reconquista: la causa está radicada en el juzgado a cargo de Aldo Alurralde y la investigación que lleva adelante el fiscal federal Roberto Salum tiene dos ejes. Por un lado investiga Lavado de activos para lo cual trabaja con la colaboración de la Procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos (Procelac). El objetivo es el rastreo de esos fondos en el exterior y de firmas off shore en guaridas fiscales. El origen es la denuncia ante la Procelac del abogado Mariano Moyano Rodríguez en nombre de acreedores de la agroexportadora que no se presentaron al concurso de acreedores. Un segundo eje es una denuncia de Afip contra Vicentin por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales (en este caso cobro reintegro de exportaciones a partir de la utilización de facturas de proveedores apócrifos). La fiscalía ya pidió la inhibición de bienes de los directores por más de 110 millones de pesos. Si bien la medida fue apelada por los abogados de la empresa antes de ejecutarse, se está a la espera de que Afip termine la identificación de bienes embargables.

- Paraguay: la investigación por lavado de activos la lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos y Lavado de Activos a cargo del fiscal Francisco Cabrera. Se originó también en una denuncia del abogado Mariano Moyano Rodríguez. Según distintas fuentes consultadas, por tratarse de una empresa con origen en otro país, el ritmo de la investigación sigue los pasos de cómo evolucionan los casos en Argentina. Al mismo tiempo hay una investigación política que se abrió en el Senado paraguayo. El eje en este caso es Vicentin Paraguay, que no era una empresa con grandes oficinas e infraestructura pero sí una pieza clave como proveedora de materia prima (soja) y en transacciones financieras con Vicentin SAIC y las sociedades uruguayas vinculadas. Vicentin Paraguay quedó en el ojo de la tormenta cuando el 2 de diciembre, dos días antes del default, transfirió el 16% del capital de Renova. La empresa dice que usó el dinero para cancelar compromisos comerciales, pero en al menos dos juzgados la operación está bajo la lupa.

 - Nueva York: en realidad no se trata de un proceso penal contra Vicentin, sino lo que se conoce como proceso de Discovery, que es un reclamo judicial que tiene por objeto obtener con autorización judicial todo registro bancario y financiero respecto de Vicentin SAIC, empresas vinculadas y sus directores, con el objetivo de encontrar bienes para cautelarlos y ejecutarlos y cobrarse las deudas. Esos procedimientos fueron promovidos por el Steering Committee, que nuclea al grupo de bancos extranjeros acreedores, ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, EU.

 -Santa Fe: hasta el momento sólo se conoce que el Banco Nación radicó una denuncia por estafa y falsedad ideológica en relación al último balance, con cierre al 31 de octubre de 2019 pero recién presentado en el marco del concurso preventivo en septiembre pasado. "La contradicción que hay entre el balance que presentaron para tomar los créditos nacionales y extranjeros y el que presentaron ahora es tan grande que hay u$s1.800 millones aproximadamente de diferencia", dijeron directivos del BNA al momento de la presentación. Aire Digital intentó reiteradas veces contactar a la fiscal Mariela Jiménez, jefa de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos, pero no obtuvo respuesta.