MASACRE EN CORONDA: A 16 AÑOS DEL MOTÍN QUE DEJÓ 14 PRESOS MUERTOS

La salvaje matanza comenzó el 11 abril del 2005 en el establecimiento carcelario más grande de Santa Fe. Por el caso se iniciaron dos causas judiciales: una investigó a los ejecutores de la masacre y la otra se enfocó en el grado de responsabilidad de los agentes penitenciarios.

Este miércoles se cumplen 16 años de la masacre de la cárcel de Coronda en la cual murieron 14 presos alojados en el penal más grande la provincia de Santa Fe. La matanza formó parte de una serie de crímenes que se dieron de manera selectiva por parte de un grupo de internos que estaban alojados en el Pabellón 7 y que, tras reducir a dos guardiacárceles, Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesín, durante la tarde del 11 de abril del 2005, avanzaron sobre los pabellones 1, 3, 9 y 11 donde estaban alojados reclusos oriundos de Rosario y del sur provincial.



La matanza implicó el empleo de chuzas, la aplicación de golpes reiterados, el decapitamiento de un preso y hasta incinerar a dos presos dentro de una celda mediante el uso de unos colchones que fueron consumidos por las llamas. El móvil, si bien nunca quedó del todo claro, siempre apuntó a robos que ocurrían entre presos y abusos sexuales que tenían como víctimas a familiares de internos santafesinos. El resultado de la brutal matanza, dejó un saldo de 14 presos identificados como: Diego Hernán Aguirre (23); Cristian Adrián Heredia (27); Walter Enrique Gómez (33); José Itatí García (29); Juan Manuel Ortigoza (27); Amelio Abel Mercado (26); Ramón Alberto Duarte (27); Sergio Damián Duarte (24); Sergio Pablo Frías (32); Carlos Ariel Barreto (26); Jorge Jorge Raúl Yanuzzi (27); Juan Díaz y Fabián Ezequiel Benítez (22) años y Ramón Andrés Valenzuela (30).

Por el caso se iniciaron dos causas judiciales que se tramitaron en la Justicia provincial de Santa Fe. Una apuntó a los ejecutores que concretaron la masacre y que se tramitó en el Juzgado de Instrucción N°8, a cargo de Jorge Patrizi. Dicha causa terminó después siendo remitida al Juzgado del hoy fallecido Mauricio Frois que tras analizar la prueba recolectada condenó a prisión perpetua, en diciembre del 2008, a Oscar “Loco” Gutiérrez, Luis Romero, Carlos “Tuerto” Aranda, Rodrigo Romero, Ariel Rojas, Juan Pablo “Chino” Massa y Luis “Salpicado” Romero como "coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito y homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en catorce oportunidades en concurso real".

Además, impuso una condena de 10 años de cárcel a Rafael Lemaire, Juan Pablo Cantero y Marcelo Enrique tras encontrarlos culpables del delito de "coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito". Desde que ocurrió la masacre, ninguno de los nueve condenados volvió a ser alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 de Santa Fe, incluso uno, el “Loco” Gutierrez, falleció en 2018 tras haber sido operado en reiteradas oportunidades por tragarse cucharas, pilas, tornillos y hasta cuchillos.

En el caso de Aranda, el reo supo estar alojado en el penal de Rawson; Cantero en la cárcel federal de Neuquén y el cual salió con una libertad asistida en abril del 2013; Luis Romero pasó por Rawson, Ezeiza y Marcos Paz hasta volver en 2010 a la cárcel de Las Flores. Mientras que Rojas purga la condena en el penal de la ciudad de Resistencia (Chaco) y Romero y Enrique se encuentran en Rawson.

En tanto, Lemaire fue absuelto en 2010. Por la masacre la Justicia abrió otra investigación, por medio del entonces juez de instrucción de la quinta nominación, Darío Sánchez, quien buscó determinar el grado de responsabilidad que tuvieron los agentes penitenciarios que custodiaban la seguridad, Eduardo Marchesín y Oscar Yosviak (quienes fueron tomados como rehenes durante la matanza), como así también la cúpula del penal que tenía como jefe y subjefe a Oscar Mansilla y Carlos Monti.

El juez Sánchez procesó a los cuatro por distintos delitos. En el caso de Marchesín y Yosviak como presuntos “autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo, agravado en catorce oportunidades, en concurso ideal”. Mientras que Mansilla fue acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, con homicidio culposo en cuatro oportunidades” y Monti por “homicidio culposo agravado en cuatro oportunidades en concurso ideal”. Aquel expediente fue elevado con posterioridad al Juzgado de Sentencia a cargo del juez Dardo Rosciani, el cual el 28 de septiembre del 2012 absolvió de culpa y cargo a los cuatro funcionarios tras considerar y también cuestionar que Servicio Penitenciario estaba “desquiciado” y no cumplió con los requisitos y las máximas constitucionales.

“Cuando algo grave ocurre, en cualquiera de los ámbitos públicos, se intenta hacer prevalecer el viejo dicho que el hilo se corta por lo más delgado. Al menos en este caso, no formaré parte de la tijera inmoral que hace vigente dicho refrán”, sostuvo en una parte del fallo el magistrado provincial.